Latinoamerica¿Cómo está el espacio cívico en América Latina? Conocé nuestro monitor regional de derechos cívicos
Aquí te presentamos un resumen del último número de Civic Space Guardian (CSG), nuestro monitor regional de derechos cívicos.
En El Salvador se extendió por 30 días el estado de excepción declarado en el marco de la “guerra contra las pandillas” del gobierno. No se descarta, sin embargo, que pueda ampliarse más allá de los límites que impone la Constitución. A la suspensión de los derechos de asociación y de reunión, se sumó luego la llamada “ley mordaza” y ahora la suspensión de la ley de compras y contrataciones públicas, que básicamente permitirá al gobierno hacer un uso más discrecional y menos fiscalizado de los fondos públicos.
El estado de excepción, ¿una excepción? No. La inseguridad es también el motivo por el que los presidentes Pedro Castillo y Guillermo Lasso justificaron la declaración del estado en dos emergencia en diferentes regiones de Perú y tres provincias de Ecuador. Acá te contamos por qué y en qué situaciones se está empleando.
En Venezuela, la Asamblea retomó el debate de un viejo proyecto de la agenda oficialista: la regulación de las entidades que reciben fondos de la cooperación internacional.
En Nicaragua la persecución a la sociedad civil no para y ya son más de 200 las organizaciones de la sociedad civil que han sido canceladas.
Costa Rica se suma a la larga lista de países en la región que cuentan con una ley de acceso a la información pública. Un logro que llega con cierta (o bastante) demora, para demostrar que la regulación del derecho a la información es un hito, pero no el final del camino. Hay países que todavía no tienen una norma que garantice integralmente este derecho básico y otros donde hubo retrocesos, en especial desde el inicio de la pandemia.
Para conocer más historias como estas, te invitamos a suscribirte a CSG.
CSG es una herramienta diseñada por DL para monitorear regulaciones y proyectos de ley con impacto en la libertad de expresión, de reunión, de asociación, el acceso a la información pública, el derecho a la privacidad y la participación ciudadana en asuntos públicos. El monitoreo se realiza en 18 países de América Latina y el Caribe.